Las votaciones de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Nicolás Maduro sumieron este domingo a Venezuela en una espiral de violencia sin precedentes durante un proceso electoral, con al menos una docena de muertos desde la noche del sábado, y abocan al país a una fractura insalvable de la sociedad y las instituciones. El Gobierno siguió adelante con su plan de escribir una nueva Constitución y celebró unos comicios rechazados en bloque por la oposición, que no presentó candidatos y promete ahora redoblar su pulso al régimen, y buena parte de la comunidad internacional. El primer efecto de la decisión de Maduro de seguir adelante con su proyecto es que Venezuela tendrá a partir del lunes un Parlamento exclusivamente oficialista ignorado por todos los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y sectores críticos del chavismo.
a abstención fue, incluso según las cifras del Ejecutivo, muy elevada. El Consejo Nacional Electoral (CNE) cifró la participación en un 41,43% del censo, es decir, casi 8,1 millones de votos, mientras que la oposición rebajó ese dato hasta el 12%. Las fuerzas opositoras celebraron hace dos semanas un plebiscito no oficial en el que consultaron a los votantes sobre las elecciones de este domingo. Según sus cálculos, ese día acudieron a las urnas casi 7,2 millones de venezolanos.

El Gobierno intentó transmitir que la votación transcurrió en paz, pero el saldo de muertes lo desmiente. Nunca en la víspera o el desarrollo de un proceso electoral habían ocurrido tantos fallecimientos. Caracas no fue el único escenario de los violentos enfrentamientos entre los manifestantes, las fuerzas de seguridad y los colectivos armados afines al chavismo. Hubo cinco muertos en la provincia andina de Mérida, uno en el Estado de Lara (centro-occidente del país) y otro en Sucre, en la costa nororiental de Venezuela.
La Fiscalía confirmó, además, el asesinato a tiros de José Félix Pineda, un candidato a la Constituyente en Ciudad Bolívar, la capital del suroriental Estado de Bolívar. En la capital el Estado de máxima tensión quedó reflejado en Altamira, convertida en símbolo de las protestas opositoras, donde la explosión de un artefacto contra una columna de agentes motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dejó varios heridos. Oficialmente, el ministerio público pudo corroborar cinco muertes en las primeras horas de la mañana. Además de la de Pineda, encargó a un fiscal la investigación de los homicidios de Ricardo Campos, subsecretario de la formación socialdemócrata Acción Democrática en Cumaná (Estado de Sucre, nororiente de Venezuela), y de Marcel Pereira, en el poblado de Chiguara, en Mérida.
CON INFORMACION DEL DIARIO EL PAIS.COM

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